El deudor de buena fe

deudor de buena fe

Hasta el momento, en posts anteriores de este blog, hemos tenido la oportunidad de definir con detalle el concepto de beneficio por exoneración del pasivo insatisfecho. Como vimos, la aplicación de este concepto significa la condonación y por tanto la desaparición de facto de las deudas pendientes. La figura de la condonación de deudas pendientes ya existía en el ordenamiento jurídico español pero únicamente podían aplicarse a personas jurídicas, es decir, empresas constituidas en sociedades, y no es hasta Marzo de 2015 cuando con la Ley: “Real Decreto Ley 1/2015, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas del orden social”, más conocida coloquialmente como como Ley de La Segunda Oportunidad, se extiende este principio de exoneración de las deudas a las personas físicas. Y es a éstas, y concretamente a personas físicas sobreendeudadas, a quienes debemos ser capaces de explicar el verdadero alcance y potencial de esta Ley De La Segunda Oportunidad.

¿Qué requisitos tengo que cumplir para poder solicitarlo?

Las personas físicas con niveles elevados de endeudamiento son las grandes beneficiadas con esta ley puesto que les proporciona una salida al bloqueo económico en el que pueden estar inmersas. Sin embargo, hasta la fecha no se han terminado de despegar el número de personas que se han visto beneficiadas por ello. No porque el procedimiento llevado a la práctica no funcione, sino más bien porque no se inician los trámites. Parece que las razones que frenan la toma de decisión de iniciar los trámites se encuentran en el desconocimiento de esta posibilidad y en razones de tipo sociales.
En la práctica, la realidad es que no resulta costoso, ni en tiempo ni en dinero, iniciar una reclamación de segunda oportunidad. Si bien para el que no es experto en la materia, puede resultar toda una odisea.
Lo primero que hay que realizar es solicitar un Acuerdo Extrajudicial de pagos, posteriormente un notario nombraría un mediador concursal con el objetivo de llegar a un acuerdo de pagos para refinanciar la deuda con los acreedores, y en el caso de que no se llegase a acuerdo, quedaría la opción de solicitar la cancelación de las deudas una vez liquidado el patrimonio.
Pongamos por caso que una persona ha llegado al punto de no acuerdo de refinanciación de deudas con los acreedores… consecuentemente solicita al juez que aplique el beneficio por exoneración del pasivo insatisfecho. Llegados a este punto, el juez, en un plazo que no suele superar los dos meses, deberá decidir sobre la petición del deudor. Las sentencias conocidas hasta el momento, en líneas generales, han sido resueltas a favor de la persona sobreendeudada, si bien el requisito indispensable que deberá demostrar es que en todo momento ha actuado de buena fe ante sus acreedores, es decir, es un deudor de buena fe.
La Ley de La Segunda Oportunidad, apoyada en la Ley Concursal, establece las condiciones que se deben cumplir para considerar a un deudor de buena fe. Estas características vienen desarrolladas en el artículo 178 bis de la Ley Concursal, y a continuación los reproducimos y explicamos:
  • 1. El concurso debe haber sido calificado como fortuito.
    Con esta idea el legislador lo que pretende es asegurarse de que la situación de insolvencia del deudor venga derivada del infortunio, es decir, de la mala suerte y por tanto, no cubrir situaciones en las que la deuda sea derivada de la mala fe.
  • 2. El deudor no ha debido ser condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración del concurso.
    Si existe proceso penal pendiente, el juez debe suspender su decisión hasta que haya sentencia firme. Parece razonable el hecho de considerar que no han actuado de buena fe, al menos en lo que a la actividad económica se refiere, personas declaradas culpables de delitos derivados de “mala praxis” con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o los propios trabajadores.
  • 3. Que se hubiera celebrado, o por lo menos, intentado un Acuerdo Extrajudicial. Recordemos que el hecho de celebrar un Acuerdo Extrajudicial es un punto determinante para poder seguir con el proceso. En el caso de existir acuerdo se llegaría a una refinanciación de la deuda, la cual debería ser tal que permita al deudor llevar una vida bajo unas condiciones básicas dignas. Lo óptimo es llegar a este acuerdo, ya que en principio debería ser beneficioso para todas las partes, sin embargo, en no pocas ocasiones, la ansia de los acreedores es insaciable, llegando a no producirse acuerdo. En cualquier caso, es evidente que una persona que muestra disposición a la refinanciación de sus deudas está poniendo todo lo que tiene a su alcance para reconducir la situación.
  • 4. Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa (vienen relacionados en el artículo 84 de la Ley Concursal) y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un Acuerdo Extrajudicial de pago previo, al menos, del 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.
    A grandes rasgos, lo que quiere decir este punto, es que el deudor ha hecho frente a los costes y gastos derivados de la solicitud del concurso de acreedores. Los más usuales son los gastos y costos judiciales y el costo del mediador concursal. En caso de que este punto no se cumpla, el juez exigirá lo siguiente para considerar buena fe del deudor:
  • Que acepte someterse al plan de pagos tras oír a los acreedores y sea aprobado por el juez.
  • Que no haya incumplido las obligaciones de colaboración con la administración concursal y el juez.
  • Que no haya obtenido este beneficio (el de la segunda oportunidad) dentro de los diez últimos años.
  • Que no haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.
  • Que acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal con posibilidad de acceso público, por un plazo de cinco años.

Estas son las condiciones que quedan legalmente recogidas en la legislación vigente. Si bien es cierto que la redacción es clara y concisa, no lo es menos que se tratan de un listado abierto y en ocasiones sujeto a interpretación del jurista correspondiente. Por tanto, resulta clave no dejar ningún tipo de resquicio a la duda en cuanto a la buena fe del deudor y ello conlleva no saltarse ningún punto de los procedimiento que dicta la Ley, y es en este punto en el que desde Atalanta te asesoraremos para que consigas el objetivo de la condonación de las deudas.

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