¿Eres autónomo o persona física? Ahora puedes cancelar las deudas con Hacienda o con la Seguridad Social

Atalanta y Abogadas te libran de tus deudas

Entrevista con Ana Rossell abogada, mediadora y administradora concursal

Ana Rossell. Atalanta y abogadas

Un autónomo o persona física ahora ya puede cancelar deudas con Hacienda o la Seguridad Social. Le preguntamos a Ana Rossell por la Sentencia 2253/2019 del Tribunal Supremo (plenaria), de 2 de julio de 2019 y sus implicaciones en la aplicación de la ley de segunda oportunidad. Ana destaca la importancia de esta sentencia como una ampliación de la ley de segunda oportunidad.

¿Por qué la Sentencia 2253/2019 del Tribunal Supremo (plenaria), de 2 de julio de 2019, es tan importante?

Ana Rossell: Porque implica que el deudor de buena fe que se acoge a la ley de segunda oportunidad, puede cancelar las deudas que tenga con Hacienda, Seguridad Social o con algún organismo de las administraciones públicas, es decir, lo que técnicamente conocemos como «crédito público», al ritmo establecido por los jueces en el plan de pagos aprobado por ellos y no, por los acreedores públicos.

La sentencia establece que una persona física no empresaria, un empresario o un autónomo que por ejercicio de su actividad haya contraído deudas, a menudo las más cuantiosas y problemáticas, con la AEAT, la Seguridad Social o las administraciones públicas puede librarse de una parte de estas, gracias a la ley de segunda oportunidad.

La sentencia aumenta la eficacia de la ley y el propósito para el que fue creada

En mi opinión, esta posibilidad de exoneración aumenta la eficacia de la ley y el propósito para el que fue creada que, en definitiva, es abrir una puerta a la reintegración a la vida laboral y económica a todas aquellas personas que se han arruinado durante los difíciles años de la crisis. Las personas físicas sobrendeudadas, no empresarios, emprendedores y autónomos se arriesgan a la exclusión social y, posiblemente, se vean abocados a recurrir a la economía sumergida. La sentencia del Supremo contribuye a solventar esa situación y permite que estas personas vuelvan a emprender y, de esta forma, a crear puestos de trabajo y a activar la economía.

¿Desde cuándo es aplicable?

Ana Rossell: Bueno, en los juzgados mercantiles de Barcelona ya se venía aplicando esta interpretación y, a partir de la fecha de la sentencia de 2 de julio de 2019, en todos los juzgados de España, mercantiles y de primera instancia competentes para la aplicación de la ley de segunda oportunidad.

¿A quién beneficia la sentencia del Tribunal Supremo?

Ana Rossell: Beneficia a todas las personas que acogiéndose a la ley de segunda oportunidad y, cumpliendo los requisitos para la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, tengan crédito público, es decir, deuda con Administración pública.

¿Quiere decir que todas las personas que tengan deudas con Hacienda o con las administraciones públicas pueden beneficiarse de la sentencia?

Ana Rossell: Si cumplen los requisitos que determina la ley de segunda oportunidad, sí.

¿Quién aprueba el plan de pagos, en los casos de BEPI (beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos) provisional?

Ana Rossell: El plan de pagos lo aprueba el juez mercantil y no el organismo público, sin necesidad de acudir a las normas específicas administrativas de esos créditos públicos.

Hasta que el Supremo se pronunció con dicha sentencia, era dudoso a quién correspondía la aprobación del Plan de Pagos.

Con lo cual, tal como repiten los medios, es el juez mercantil «el que tiene la última palabra», y no los organismos adeudados, como Hacienda o la Seguridad Social.

Es el Juez mercantil «el que tiene la última palabra». El plan de pagos lo aprueba el Juez mercantil y no el organismo público, conforme a sus normas administrativas.

Entonces los organismos públicos, después de que el juez exonere y apruebe el plan de pagos en el que estén incluidos créditos públicos, ¿pueden revocarlo?, ¿qué pueden hacer?

Ana Rossell: No, no pueden hacer nada, los organismos públicos deben aceptar la resolución del Juzgado Mercantil o de Primera Instancia. La cantidad y el calendario de los pagos que haya aprobado el juez serán los definitivos.

La sentencia es un matiz primordial de la ley de segunda oportunidad.

Ana Rossell. Atalanta y abogadas
Ana Rosell, especialista en acuerdos extrajudiciales de pagos y concursos consecutivos

Ana Rossell, especialista en derecho concursal

Desde 2012 presta servicios jurídicos a las empresas y a las personas físicas en las áreas de mercantil y societario.

El ámbito concursal es su medio natural como letrado instante, mediador y administrador concursal. Principalmente, desarrolla su labor en los juzgados mercantiles de Barcelona y Palma de Mallorca, y en los de primera instancia competentes para la aplicación de la ley de segunda oportunidad.

Desde 2015, año de aprobación de la ley de segunda oportunidad, está especializada en acuerdos extrajudiciales de pagos y concursos consecutivos.

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